La inclusión de República Dominicana por parte del presidente Donald Trump entre los países señalados como territorios de tránsito de drogas o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027 envía una señal de alerta institucional al Gobierno dominicano. La propia clasificación aclara que esa mención no significa necesariamente falta de medidas contra el narcotráfico ni ausencia de cooperación con Estados Unidos, pero el movimiento deja al descubierto la fragilidad de una relación que el oficialismo ha presentado como sólida.
El contraste es todavía más visible porque, según el mismo texto, las autoridades antinarcóticas dominicanas han confiscado 23,5 toneladas de drogas en lo que va de 2026, y el presidente Luis Abinader recibió el año pasado una felicitación de la DEA por su apoyo a la lucha contra ese flagelo en la región. Si esos resultados y ese respaldo estaban sobre la mesa, la nueva decisión de Washington abre una pregunta política inevitable sobre la capacidad del Gobierno para convertir su discurso de cooperación en garantías efectivas para el país.
El episodio también se enlaza con otras tensiones marcadas en la relación bilateral, como la exigencia de eliminar el decreto firmado por Abinader para proteger la producción nacional de arroz frente a la desgravación de importaciones por la entrada en vigencia del DR-Cafta. Más que una demostración de fortaleza diplomática, el cuadro descrito muestra a un Gobierno expuesto a decisiones externas con impacto potencial sobre una economía dependiente, un terreno en el que la oposición encuentra margen para reclamar fiscalización, rendición de cuentas y una política de Estado menos vulnerable a los vaivenes de la coyuntura.