Ángel Luis Guzmán Vásquez comenzó a cotizar en el Sistema Dominicano de Seguridad Social en 2015 con un salario reportado de RD$7,000 y, hasta octubre de 2022, cuando aún laboraba para el Seguro Nacional de Salud (Senasa), figuraba con un salario de RD$27,500. Pese a ese historial salarial, entre 2020 y 2025 sus cuentas bancarias registraron operaciones por más de RD$64 millones en créditos y más de RD$64 millones en débitos, según la autorización judicial de allanamiento citada por el Ministerio Público en el caso Operación Cobra.
El documento sostiene que la actividad bancaria del imputado “no guarda correspondencia con sus ingresos lícitos conocidos”, un contraste que reabre la discusión sobre la capacidad de control dentro de entidades públicas sensibles. En una de las cuentas de mayor movimiento, entre 2020 y 2025, se registraron débitos por RD$31,535,398.02 y créditos por RD$31,974,591.55. En otra cuenta, entre 2022 y 2025, el expediente consigna débitos por RD$22,319,968.99 y créditos por RD$22,320,982.02.
Más allá del caso individual, los datos colocan otra vez el foco sobre la vigilancia institucional y la rendición de cuentas en estructuras del Estado, en momentos en que el gobierno dominicano insiste en su discurso de fortalecimiento institucional. La dimensión de los movimientos descritos por el Ministerio Público refuerza la presión para que los organismos públicos expliquen cómo operaron sus controles internos y qué falló para que una desproporción de este nivel terminara bajo investigación judicial.