Brooklyn High Rise LLC deberá pagar US$352,250 en multas y restitución después de que una investigación de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, concluyera que la empresa usó antecedentes judiciales de vivienda para rechazar solicitudes de alquiler y cobrar depósitos que, en numerosos casos, no fueron devueltos. El caso vuelve a poner el foco sobre el costo real que pagan los ciudadanos cuando fallan los controles y una práctica prohibida logra sostenerse durante años.
La Oficina del Fiscal General de Nueva York determinó que entre el 15 de julio de 2019 y el 5 de septiembre de 2025 la compañía obtuvo registros de casos judiciales entre propietarios e inquilinos y, con base en esa información, negó ilegalmente vivienda a 203 solicitantes. Esa práctica había sido prohibida en 2019 por la Ley de Estabilidad de Vivienda y Protección del Inquilino de Nueva York, que presume ilegal el rechazo cuando un propietario accede a esos antecedentes y luego niega la solicitud, salvo que pruebe otra causa.
La investigación comenzó en mayo de 2025, tras detectarse que el agente inmobiliario seguía solicitando informes de verificación de antecedentes a un proveedor externo que incluía historiales judiciales de vivienda. Como parte del acuerdo, Brooklyn High Rise deberá eliminar de sus formularios cualquier pregunta sobre antecedentes judiciales y penales, dejar de obtener historiales judiciales de arrendadores e inquilinos anteriores y capacitar a sus agentes y empleados sobre normas de vivienda justa y prohibiciones contra listas negras. El expediente también detectó que la empresa retenía depósitos de hasta US$750, una práctica que agrava el impacto sobre quienes ya habían sido excluidos del acceso a vivienda.