Los resultados de la prueba PISA vuelven a colocar a República Dominicana en la zona de mayor rezago educativo de la región y reactivan una pregunta de fondo sobre la gestión pública: por qué, pese a años de reforma y altos recursos destinados al sector, el país sigue casi al final de la tabla. La evaluación de la OCDE, aplicada a jóvenes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, no mide a un alumno en particular, sino la calidad del sistema educativo de cada país.
En esta edición, el país obtuvo 361 puntos en Ciencias, 339 en Matemática y 346 en Lectura. Frente a 2018, hubo avances de 336 a 361 en Ciencias, de 334 a 339 en Matemática y de 342 a 346 en Lectura. Sin embargo, el dato político e institucional es otro: República Dominicana figura como el tercer país de Latinoamérica con la calificación más baja, solo por encima de Paraguay y Guatemala, y apenas un pequeño porcentaje de los estudiantes alcanza los niveles mínimos de rendimiento básico en las áreas evaluadas.
El propio texto vincula ese resultado con una reforma educativa que no logró traducirse en capacidades reales, en medio de cuestionamientos por desvío de dinero, corrupción en la construcción de “palacios escolares” y falta de incorporación de nuevas tecnologías educativas. El contraste entre inversión, discurso modernizador y desempeño efectivo deja una alerta institucional sobre la gestión del sistema y refuerza la demanda de fiscalización y rendición de cuentas sobre un problema que impacta directamente las oportunidades de los jóvenes y la capacidad del país para insertarse en un mercado laboral más tecnificado.