La publicación del informe de la Casa Blanca “La Gran Estafa del Transbordo” volvió a colocar bajo revisión la capacidad de control de la República Dominicana frente a prácticas ilegales de triangulación de mercancías. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) respondió que el país mantiene su compromiso con la transparencia del comercio internacional y la prevención del transbordo ilícito, pero el propio documento citado por la institución confirma que el territorio dominicano figura entre los espacios atractivos para operadores que buscan falsear el origen de productos o evadir aranceles.
El MICM sostuvo que el informe no establece que las exportaciones dominicanas sean resultado de esas operaciones ni impone sanciones al país. Atribuyó la mención a la condición dominicana de economía con zonas francas, infraestructura portuaria y acceso preferencial al mercado estadounidense. También defendió que en el país hay plantas, inversión, trabajadores dominicanos y procesos productivos que agregan valor, al insistir en que no debe confundirse la triangulación ilícita con la manufactura legítima y el nearshoring.
Aun así, la respuesta oficial deja en primer plano una alerta institucional: si la República Dominicana resulta atractiva para operadores ilícitos, la discusión ya no se limita al discurso de confianza, sino a la eficacia de las verificaciones, los controles y la documentación trazable que el propio Ministerio asegura que existen. En ese contexto, el anuncio de que continuará el trabajo con autoridades aduaneras nacionales y estadounidenses para fortalecer la trazabilidad y la cooperación bilateral refuerza que el tema sigue abierto y bajo fiscalización para proteger la reputación comercial del país.