La tensión entre Anadegas y los proveedores de verifones ya llegó al punto de movilizar a varias instituciones del Estado, en un esfuerzo por impedir que los usuarios de combustibles asuman las consecuencias de un conflicto entre actores del sector. Pro Consumidor informó que trabaja, junto al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y otras entidades oficiales, en gestiones para hallar una salida antes de que se alteren los mecanismos de pago en las estaciones de servicio del país.
La preocupación se centra en más de 700 estaciones afiliadas a Anadegas, después de que la organización anunciara que retirará los verifones a partir del 25 de septiembre. Si esa decisión se materializa, cientos de usuarios que pagan combustibles con tarjetas bancarias verían reducidas sus alternativas, un escenario que vuelve a poner sobre las autoridades la presión de responder antes de que el problema llegue de forma directa al consumidor.
Eddy Alcántara, director de Pro Consumidor, exhortó a Anadegas a actuar con sensatez y afirmó que “las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede resultar afectado”. La entidad indicó que sigue atenta al proceso y en contacto con los directivos del gremio, al tiempo que da seguimiento a las gestiones oficiales. El episodio deja abierto un frente de vigilancia sobre la capacidad institucional para evitar que conflictos sectoriales se traduzcan en nuevas trabas para servicios básicos de uso cotidiano.