Los nuevos señalamientos sobre SENASA reactivan una alerta institucional que trasciende el caso puntual y vuelve a poner en cuestión la capacidad de supervisión del gobierno dominicano sobre recursos públicos destinados a la salud. El texto advierte que, en medio de escándalos de corrupción que han estallado recientemente, el tema reaparece mientras la población enfrenta el aumento de los combustibles, de la factura eléctrica y otras presiones cotidianas, lo que abre un contraste entre la agenda oficial y las prioridades ciudadanas.
La denuncia recuerda que desde hace años se ha señalado la sobrevaluación de facturación por consultas y estudios a usuarios del servicio, una práctica cuya prevención atribuye a la gerencia de SENASA en sus distintos niveles, así como a centros de salud, sobre todo privados. También recoge que algunos médicos alegan que las ARS, y en especial SENASA, no aportan una cuota razonable por cada paciente asegurado que atienden, un dato que vuelve a colocar bajo fiscalización la gestión y los incentivos del sistema.
El señalamiento más grave es que la corrupción habría escalado hasta la más alta dirección. El texto menciona el escándalo encabezado por el pasado gerente general de SENASA, Santiago Hazin, por más de RD$6,000.00 millones de pesos, y añade una cadena de hechos que involucra a médicos, personal administrativo de centros médicos privados y empleados de distintos niveles de SENASA. Según la denuncia, además de sobrevaluar facturas de pacientes atendidos, se habrían registrado usuarios no atendidos mediante falsificación de firmas para sustraer fondos del seguro, un cuadro que refuerza el desgaste de gestión y la exigencia de rendición de cuentas sobre dinero que debía destinarse a cubrir necesidades de salud.