En Lima, Marco Rubio oficializó la incorporación de Perú al “Escudo de las Américas”, la coalición de seguridad regional que promueve Washington contra el narcotráfico y el crimen organizado. El anuncio cerró una gira por Sudamérica que también pasó por Bogotá y Quito, y dejó la imagen de una nueva alineación hemisférica. Para Keiko Fujimori, además, supone el primer gran acuerdo internacional de su presidencia, apenas unas semanas después de asumir el poder.
La señal diplomática, sin embargo, choca con una base política frágil. Fujimori llegó a la presidencia con una ventaja de 49.641 votos, uno de los márgenes más estrechos de la historia electoral peruana, y quince de los diecinueve ministros de su gabinete arrastran investigaciones, procesos previos o antecedentes penales. Esa distancia entre la foto exterior y la realidad interna pone el foco en la gobernabilidad con la que Lima pretende sostener el acercamiento.
Washington, por su parte, tiene razones geoestratégicas para empujar el acuerdo: Perú concentra litio, cobre y el puerto de Chancay, levantado con capital chino y ya operativo como nodo logístico del Pacífico Sur. También pesa la agenda de seguridad regional, reforzada con el envío de una delegación de alto nivel a la investidura de Fujimori y el anuncio de más apoyo contra el crimen organizado transnacional. Aun así, el panorama que describe Perú deja una alerta institucional: la viabilidad del pacto dependerá menos del anuncio que de la capacidad del nuevo gobierno para responder a sus cuestionamientos internos.