La resistencia a ser fiscalizado no aparece como un rasgo aislado del poder: se manifiesta cuando una pregunta pública recibe evasivas, silencio institucional o la descalificación de que todo cuestionamiento es un ataque. En ese marco, pedir explicaciones deja de asumirse como un deber democrático y pasa a verse como una amenaza, con efectos directos sobre la transparencia y la confianza ciudadana.
El caso que recoge el texto se ubica en República Dominicana. En pleno proceso electoral presidencial, la periodista Nuria Piera denunció que agentes de seguridad allanaron residencias y oficinas de algunas de sus fuentes, después de que revelara en su programa el financiamiento de un senador dominicano a una campaña presidencial extranjera. A raíz de ello, el International Press Institute pidió al Estado dominicano proteger el derecho a la información de la ciudadanía, una señal de alerta institucional sobre la forma en que responde el poder cuando se le exige rendición de cuentas.
Pese a que existen espacios de apertura formal, el balance deja ver el contraste entre discurso y realidad. República Dominicana ocupa el puesto 44 de 180 países en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, con un retroceso en su indicador político frente al año anterior. El dato refuerza la necesidad de vigilancia desde la sociedad civil y de controles más firmes sobre quienes ejercen poder, en un contexto donde la fiscalización sigue encontrando resistencias en lugar de respuestas claras.