Desde mediados de enero de 2025, Estados Unidos ha revocado más de 175.000 visados en una ofensiva que el Gobierno de Donald Trump asocia con infracciones migratorias, delitos y riesgos para la seguridad. La cifra concentra ahora la atención sobre el refuerzo de los controles y sobre la necesidad de seguimiento institucional ante decisiones que alcanzan a ciudadanos extranjeros.
El Departamento de Estado informó este lunes de que las cancelaciones afectan a personas que incumplieron las condiciones de sus visados, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, estafaron a estadounidenses, abusaron del sistema de inmigración o fueron consideradas un riesgo para la seguridad nacional. Según la dependencia, la mayoría de las revocaciones estuvo vinculada a incidentes con las fuerzas del orden, entre ellos agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y delitos relacionados con drogas.
La cartera que encabeza Marco Rubio añadió que una parte importante de los visados retirados respondió a conducción temeraria, agresión sexual, maltrato infantil, fraude y malversación. Washington sostuvo que seguirá con las investigaciones para verificar si los titulares cumplen las condiciones establecidas y reiteró su línea de mano dura con una fórmula que resume el criterio oficial: “Un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho”. Con ese mensaje, el anuncio vuelve a situar en primer plano la fiscalización pública sobre el alcance de estas decisiones y sus efectos prácticos.