Las denuncias sobre leche en mal estado y procesos de contratación en el programa de alimentación escolar escalaron este lunes hasta la Cámara de Diputados, donde legisladores reclamaron explicaciones al director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Rafael Adolfo Pérez de León. La convocatoria, impulsada por la Comisión Permanente de Familia y el Frente Parlamentario contra el Hambre, colocó bajo fiscalización una gestión que enfrenta cuestionamientos en un servicio sensible para miles de estudiantes.
Durante el encuentro, la diputada Nelsa Shoraya Suárez Ariza advirtió la preocupación existente por las denuncias que han circulado en las últimas semanas. “Como diputados, estamos preocupados. Han surgido algunas denuncias de leche descompuesta y de algunos contratos, queremos tener claridad sobre lo que está pasando”, manifestó. La intervención legislativa marca una alerta institucional sobre un programa que, por su impacto social, exige controles más estrictos y respuestas verificables.
Pérez de León sostuvo que el caso de leche en mal estado correspondió a un único incidente en las tres primeras semanas del año escolar, en un centro educativo de Santiago, y afirmó que el contrato de la empresa suplidora fue cancelado. También informó que en ese mismo período fueron suspendidos 44 suplidores por incumplir los estándares del INABIE. Lejos de cerrar el debate, esos datos refuerzan el contraste entre la operación oficial y los problemas detectados en la ejecución, mientras la Cámara de Diputados mantiene el foco sobre la transparencia de los contratos y la calidad de los alimentos que llegan a las escuelas.