La Cámara Minera y Petrolera (Camipe) volvió a poner sobre la mesa la necesidad de reformar la Ley Minera, al admitir que el marco legal que regula la actividad en el país tiene más de cinco décadas de vigencia y ya no se ajusta a los desafíos actuales. En una entrevista con Listín Diario, su presidente, Pedro Esteva, y su director ejecutivo, Martín Valerio, señalaron que el debate debe encaminarse hacia una visión estratégica del sector, en medio de una normativa que, según explicaron, provoca interpretaciones contradictorias y complica su aplicación.
La entidad indicó que la reforma procura mejorar los procesos de aprobación, incorporar tecnologías ya disponibles, reforzar los aspectos medioambientales y lograr que una mayor parte de los recursos de la minería llegue a las comunidades cercanas a las zonas de explotación. Además, sostuvo que una nueva ley podría aportar tranquilidad a la población y disminuir el rechazo hacia esta industria, al dejar mejor delimitados los términos de la actividad minera.
La propuesta de Camipe también pone de relieve la dimensión institucional del atraso: Valerio afirmó que el planteamiento requiere un alto contenido constitucional, en especial en lo relativo a la gestión del subsuelo, y defendió la definición de objetivos y objetos precisos para evitar discrecionalidad. Así, la discusión sobre la reforma no solo reabre el debate sobre el futuro del sector, sino también sobre la necesidad de mayor vigilancia y reglas claras desde el Congreso para cerrar la brecha entre el discurso de modernización y una ley de 1971 que continúa vigente.