En Lilas, Santo Domingo Este, el proyecto de rescate de la margen oriental del río Ozama quedó bajo cuestionamiento porque buena parte de las personas desplazadas por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) está regresando a la misma orilla, donde rellena humedales con caliches y escombros para levantar casuchas. La intervención, lejos de resolver la situación, acaba empujando a familias hacia espacios todavía más frágiles.
La advertencia la hizo la Fundación Dominicana Amor a los Envejecientes y la Niñez (Fundoamor). Su presidente, Franklin Tamayo, afirmó que unas 300 familias continúan en la ribera del Ozama porque los recursos recibidos por sus propiedades no les alcanzan para trasladarse a un lugar digno y menos vulnerable. Indicó que las indemnizaciones van de RD$300 a RD$600 mil, una suma que considera insuficiente para una reubicación real, mientras siguen ocupándose humedales que el propio proyecto oficial dice querer rescatar.
Tamayo agregó que la salida no consiste en entregar dinero a inquilinos y propietarios, sino en construir viviendas en sitios habitables antes del traslado, como dijo que ocurrió con los moradores de La Barquita. La denuncia abre un frente de fiscalización sobre los resultados de la gestión pública en la ribera del Ozama: el contraste entre el discurso de recuperación ambiental y la permanencia de asentamientos en humedales deja pendientes explicaciones sobre el diseño y la eficacia de la respuesta estatal, en un escenario que refuerza la necesidad de vigilancia institucional y de priorizar soluciones habitacionales por encima del anuncio oficial.