Luis Abinader confirmó, mediante el Decreto 575-26, a Héctor Valdez Albizu como gobernador del Banco Central y a Clarissa de la Rocha de Torres como vicegobernadora, con lo que el Gobierno dominicano conserva la actual conducción de la política monetaria y asume el costo político de responder por sus resultados.
La ratificación mantiene al mismo binomio directivo al frente de la institución y prolonga a 30 años la permanencia de Valdez Albizu en el cargo. La decisión se presenta como una señal de continuidad, certidumbre y predictibilidad, pero también deja más expuesta la capacidad del poder para sostener, con hechos, el discurso de disciplina fiscal, autonomía monetaria y estabilidad económica.
El oficialismo destaca la experiencia técnica acumulada en el Banco Central y la trayectoria de una figura con reconocimiento nacional e internacional por su manejo de la inflación y el tipo de cambio. Sin embargo, al convertir esa continuidad en una decisión directa de la Presidencia, Abinader vincula su gestión a un esquema institucional que ya no puede sostenerse solo como garantía de confianza, sino como una estructura obligada a seguir ofreciendo respuestas verificables ante los desafíos del entorno financiero global y las exigencias de Hacienda y del resto del Gobierno.