La elevada cantidad de muertes asociadas al uso de motocicletas vuelve a poner en entredicho la capacidad del Estado para controlar el tránsito y resguardar a la población. Si, como se sostiene, el 70% de las fatalidades viales en República Dominicana está relacionado con este medio de transporte, mantener correctivos débiles solo alargaría una crisis de seguridad vial con elevados costos humanos y económicos.
A partir de ahí, toma impulso la propuesta de detener por un tiempo la importación de ciclomotores de baja cilindrada, planteada como una salida extrema ante la ausencia de respuestas efectivas. La idea parte de un panorama descrito como de impunidad casi absoluta, calles convertidas en tierra de nadie y un vacío de autoridad que ha dejado al Estado sin capacidad para frenar una de las principales fuentes de siniestralidad.
Aun sin llegar a una medida de ese alcance, el debate evidencia la falta de controles previos suficientes sobre quienes acceden a este tipo de vehículos. La discusión también señala la debilidad institucional de la Digesett, considerada incapaz de responder con sus actuales potestades, su número de agentes y sus medios de desplazamiento. El resultado es un contraste cada vez más visible entre la obligación oficial de ordenar el tránsito y una realidad en la que continúan sumándose víctimas, gastos para el Estado y una demanda pendiente de acciones firmes.