La resolución judicial que excluyó del expediente a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta mediante un No Ha Lugar supuso un revés político para el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Esa fuerza había convertido la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad en pilares de su oferta electoral, respaldada en la supuesta idoneidad de un Ministerio Público independiente. En cambio, el fallo se traduce en una victoria política para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que había insistido en que existía una judicialización de la política en su contra.
A la vez, el resultado fortalece al expresidente Danilo Medina y al PLD, que sostenían la existencia de una persecución política dirigida a dañar la marca del partido morado desde su salida del poder en 2020. Así, el caso deja de ser solo una bandera del discurso oficial y pasa a convertirse en un foco de cuestionamientos por el contraste entre la narrativa gubernamental y el desenlace judicial de uno de los expedientes más emblemáticos.
La controversia se amplió con el comunicado de la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, quien reprochó la manipulación de la justicia con fines políticos y advirtió sobre sus efectos en la integridad institucional. A eso se añadió la información difundida por Castillo en sus redes sociales sobre la restitución de una visa de diez años que le había sido cancelada, un elemento que vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo político de procesos que el oficialismo presentó como prueba de su compromiso con la transparencia.