Santo Domingo 2026 anunció que más del 85% de sus competencias serán gratuitas, un esquema que busca ampliar el acceso del público pero que también abre interrogantes sobre su aplicación real, el control de aforo y la fiscalización de los cobros previstos en disciplinas de alta demanda.
De acuerdo con el planteamiento difundido, la organización combinará entrada libre, boletas electrónicas y tarifas simbólicas para algunas disciplinas. En términos de acceso ciudadano, la medida puede facilitar una mayor asistencia; sin embargo, la experiencia obliga a vigilar cómo se implementará el sistema para evitar desorden, barreras de entrada o discrecionalidad en la entrega de boletos.
El anuncio, por su propia naturaleza, requiere seguimiento público sobre varios puntos que no quedan resueltos solo con la promesa de gratuidad: cuánto costará la operación de este esquema, cómo se administrará el acceso digital, qué mecanismos de transparencia se usarán para asignar entradas y cuál será el impacto real en la asistencia y la organización de las competencias.
También persiste la necesidad de aclarar por qué determinadas disciplinas conservarán cobros, aunque sean simbólicos, y si esos ingresos tendrán un destino definido dentro de la logística del evento. En una cita de esta magnitud, el interés público no se limita a la inauguración o al anuncio, sino a la rendición de cuentas sobre su ejecución y resultados.
La combinación de gratuidad amplia y cobros selectivos puede funcionar como fórmula de acceso, pero su éxito dependerá de que la organización muestre reglas claras, control efectivo y capacidad para garantizar que el público realmente pueda entrar sin trabas, especialmente en las competencias más demandadas.