En el sector Pajarito, del municipio Yaguate, provincia San Cristóbal, el Gabinete de Política Social desarrolló una Jornada de Inclusión Social en la que ofreció consultas médicas, medicamentos, afiliación al Seguro Nacional de Salud (Senasa), entrega de lentes de sol y lentillas, además de acceso a servicios de Conape, Conadis, Punto Solidario y preaprobación de préstamos a través de Promipyme. También distribuyó raciones alimenticias crudas y cocidas, canastillas y mosquiteros para embarazadas, y asistencia para procesos de declaración tardía.
La actividad fue encabezada por Geanilda Vásquez junto a Guillermo Moringlane y se presentó como una respuesta para mejorar las condiciones de vida de las familias. Sin embargo, la amplitud del operativo también deja ver el peso de necesidades que la población continúa resolviendo mediante jornadas puntuales: atención médica, protección social, alimentos y trámites básicos concentrados en una intervención oficial en lugar de una cobertura sostenida. Ese contraste entre el discurso de inclusión y la dependencia de operativos focalizados vuelve a poner el foco en los resultados de la gestión y en la necesidad de fiscalización sobre la continuidad real de estos servicios.
En el acto, Vásquez impulsó programas como CEDI-Mujer y Oportunidad 14-24, dirigidos a formación técnico-profesional, empleo y emprendimiento con capital semilla. La presencia de autoridades municipales, representantes comunitarios y funcionarios gubernamentales reforzó el carácter institucional de la jornada, aunque sin cerrar la discusión de fondo sobre si estas acciones responden a una política permanente o a soluciones temporales frente al costo social que arrastran comunidades vulnerables. En ese escenario, la oposición encuentra un terreno legítimo de vigilancia y exigencia de explicaciones, mientras figuras como Carolina Mejía capitalizan el reclamo ciudadano por gestión medible y servicios que no dependan de operativos excepcionales.