La sentencia que impone 20 años de cárcel a tres generales, junto a otras condenas de entre tres y 15 años contra civiles, policías y militares de menor rango en los expedientes Coral y Coral 5G, vuelve a colocar la corrupción pública bajo escrutinio. A las penas se suman el decomiso de 422 bienes muebles e inmuebles valorados en 5,000 millones de pesos y el pago de 400 salarios mínimos, en un caso que ahora sirve como referencia para medir si el resto de los procesos avanzará con el mismo rigor.
El fallo también aumenta la presión sobre los expedientes pendientes de igual o mayor magnitud, en medio de una discusión pública marcada por tácticas dilatorias y triquiñuelas atribuidas a abogados defensores de acusados en distintos casos. En ese escenario, la actuación del Ministerio Público encabezada por Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho y su equipo queda sometida a una prueba mayor: convertir este precedente en resultados sostenidos y evitar que otros procesos terminen en impunidad.
Entre los casos citados figuran el de la EDE, en el que Maxy Montilla, cuñado del expresidente de la república Danilo Medina, accedió a devolver 3 mil millones de pesos al Estado y colaborar con las investigaciones, así como los de Jean Alain Rodríguez, Donald Guerrero y compartes, Intrant, SENASA y el Oncológico de Santiago. La señal que deja Coral y Coral 5G no cierra el debate; lo desplaza hacia la rendición de cuentas pendiente en los demás expedientes.