La orden del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, de someter a pruebas de testosterona a militares mayores de 30 años y facilitar terapias de reemplazo hormonal añadió un nuevo frente de desgaste para la administración de Donald Trump, al trasladar al Pentágono una disputa política y cultural que ahora también plantea interrogantes de gestión y resultados.
El Pentágono sostiene que la medida busca mejorar la preparación física de las tropas, pero la iniciativa ya generó críticas en el Congreso y volvió a encender un debate que excede el terreno de la medicina militar. Entre sus detractores se repite una contradicción en la agenda conservadora: mientras se rechazan tratamientos hormonales para menores transgénero, se promueven intervenciones parecidas cuando se presentan como una vía para fortalecer a los soldados.
La directiva dispone que los integrantes de las Fuerzas Armadas mayores de 30 años sean evaluados en sus chequeos médicos anuales para medir sus niveles de testosterona y contempla el acceso a terapia de reemplazo de testosterona para quienes registren niveles clínicamente bajos. Sin embargo, junto con el discurso de fortalecimiento físico siguen abiertas las dudas científicas, operativas y presupuestarias, además de una advertencia institucional sobre hasta qué punto las decisiones de salud militar responden a criterios estrictamente técnicos o quedan subordinadas a la guerra cultural impulsada desde la administración Trump, un debate que mantiene en alerta al Congreso y a sectores de la sociedad civil.