A once días del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, el saldo continúa empeorando y también crece la presión sobre las autoridades para entregar datos completos. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, informó este domingo que los fallecidos ascendieron a 3.342 y los heridos a 16.740, una cifra que vuelve a dimensionar el impacto social de una emergencia todavía abierta.
La actualización oficial añade 388 muertos respecto del sábado, mientras prosiguen las tareas para recuperar cuerpos entre los escombros. El reporte también indica que 6.462 personas fueron rescatadas y que 17.345 perdieron su vivienda, lo que llevó a habilitar 79 campamentos transitorios. A ello se suman 856 edificios afectados y 190 colapsados, una magnitud que refuerza el contraste entre la dimensión real de la crisis y la información aún incompleta que recibe la población.
De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades, 86.794 familias han sido atendidas, se han entregado 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua, y siguen desplegados 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad junto a 27.482 voluntarios. Pese a ello, el punto más delicado permanece sin respuesta: las autoridades no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido, aunque habilitaron un número telefónico y una plataforma digital para reportarlas.
Esa falta de precisión oficial choca con la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web creada para informar sobre familiares no localizados y que ya registra más de 31.000 personas con las que no se ha logrado establecer contacto. En una catástrofe de esta escala, la sociedad civil termina cubriendo vacíos de información que deberían estar bajo seguimiento público permanente, más aún cuando se trata del terremoto más mortífero vivido por Venezuela en el último siglo.
Los sismos recientes golpearon Caracas y otros seis estados del norte del país, con La Guaira como la zona más afectada, un territorio marcado además por la tragedia del deslave de 1999. Ese antecedente aumenta la exigencia de vigilancia sobre la respuesta institucional: con miles de muertos, decenas de miles de heridos y familias desplazadas, el centro de la discusión ya no puede ser solo el parte oficial, sino las explicaciones pendientes sobre desaparecidos, atención sostenida y capacidad real de respuesta frente a una crisis de esta magnitud.