El regulador australiano de seguridad en Internet, eSafety, presentó este jueves una demanda civil ante el Tribunal Federal contra Telegram por presuntos incumplimientos de la legislación australiana. El caso vuelve a poner sobre la mesa la brecha entre el alcance internacional de la plataforma y su capacidad —o su disposición— para retirar con rapidez contenido terrorista y otros materiales ilegales.
De acuerdo con eSafety, una investigación que se prolongó durante un año concluyó que el servicio de mensajería habría permitido que siguieran disponibles durante semanas videos de ejecuciones atribuidas a grupos terroristas. Entre los materiales señalados aparecen imágenes del ataque contra las mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, en 2019, y del tiroteo masivo de Buffalo, en Estados Unidos, en 2022, incluso después de que usuarios australianos los reportaran.
El organismo también afirma que Telegram no tomó medidas suficientes para evitar que el contenido volviera a aparecer, como cerrar cuentas, canales y grupos que lo difundían; que no tenía condiciones de uso que prohibieran expresamente ese material en todas las áreas de la plataforma; y que tampoco informó a los denunciantes sobre el resultado de sus reclamaciones. Si la demanda prospera, la empresa podría enfrentar sanciones civiles de hasta 54,6 millones de dólares australianos. Para la responsable de eSafety, Julie Inman Grant, la difusión continuada de contenido terrorista y de violencia extrema “normaliza el extremismo”, facilita la radicalización y supone un riesgo para la comunidad australiana. “Ninguna plataforma está por encima de la ley”, afirmó.