El Tribunal Constitucional (TC) declaró ajustada a la Constitución la fusión entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), con lo que quedó firme la creación del Ministerio de Hacienda y Economía. A través de la sentencia TC/0288/26, la alta corte rechazó de forma definitiva la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Wilkin Antonio Moreno Abreu contra la Ley núm. 45-25.
El recurso argumentaba que esa legislación debió aprobarse como ley orgánica, por involucrar materias como presupuesto y planificación del Estado, sujetas —según el accionante— al artículo 112 de la Constitución, que exige mayoría calificada y un trámite legislativo especial. No obstante, el TC concluyó que la norma no incurrió en extralimitación de funciones y que su finalidad es reorganizar competencias dentro de la administración pública.
Con esta decisión, el tribunal estableció el criterio de que las leyes que crean, reforman, fusionan o eliminan ministerios no forman parte de las materias reservadas exclusivamente a leyes orgánicas, por lo que consideró correcta la aprobación de la Ley 45-25 como ley ordinaria en el Congreso Nacional. El aval constitucional despeja la disputa legal, pero deja abierto el principal punto de vigilancia pública: que la promesa de optimizar el gasto estatal se traduzca en resultados verificables en áreas sensibles como el presupuesto y la planificación.