La reforma policial impulsada por el Poder Ejecutivo llegó trabada al cierre de la legislatura en el Senado, en medio de retrasos, nuevas prórrogas y observaciones legales que han frenado su avance legislativo.
La iniciativa fue depositada el 08 de diciembre de 2025 y, desde entonces, ha acumulado aplazamientos en su discusión. Aunque forma parte de una apuesta del Gobierno por modificar el marco de funcionamiento de la Policía Nacional, el proceso sigue sin cerrar en la Cámara de Diputados, donde aún permanece pendiente de revisión.
El curso de la propuesta vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de seguimiento institucional a una reforma que, por su alcance, impacta directamente en la seguridad ciudadana, la supervisión interna y la calidad del servicio policial. En ese contexto, el retraso en el Senado y la falta de definición legislativa obligan a observar no solo el anuncio político, sino también el calendario, las observaciones técnicas y la capacidad del Ejecutivo para sostener una reforma con resultados verificables.
Por ahora, la pieza continúa entrampada en el Congreso, sin que se haya completado su trámite en ambas cámaras. Ese retraso mantiene abierta la discusión sobre el alcance real de la reforma, su viabilidad jurídica y el tiempo que tomará convertirla en una transformación efectiva dentro del cuerpo policial.