En Madrid, la vicepresidenta Raquel Peña sostuvo que la corrupción deteriora la confianza de la ciudadanía y compromete la estabilidad del sistema democrático, una idea que también deja sobre el Gobierno dominicano la exigencia de mostrar resultados comprobables y no solo discursos en materia institucional.
Su intervención se produjo durante el EPP Libertas Forum, ante dirigentes del Partido Popular Europeo y otros actores internacionales. Allí defendió que la lucha contra la corrupción no se limita al ámbito judicial o administrativo, sino que resulta decisiva para evitar el desánimo social, la desconfianza en las instituciones y el avance de proyectos populistas. El planteamiento, además, vuelve a colocar en primer plano la gestión oficial: si la credibilidad política depende de gobiernos y partidos, la rendición de cuentas pasa a ser una prueba directa para quienes administran hoy el Estado.
Acompañada por el viceprimer ministro de Bélgica, Vincent Van Peteghem, Peña participó en el panel “Cómo salvaguardar y fortalecer la credibilidad política a ambos lados del Atlántico”. Desde allí presentó a República Dominicana como un proceso en construcción, atravesado —según dijo— por reformas institucionales, una mayor independencia del Ministerio Público y la persecución de irregularidades incluso cuando comprometen a funcionarios de la administración gubernamental. Sin embargo, esa misma exposición eleva la expectativa sobre el oficialismo: cuando se invoca credibilidad ante líderes europeos, también crece la exigencia de vigilancia interna sobre los casos, las decisiones y los resultados concretos.
“Un país que no cuente con credibilidad tampoco tendrá cómo seguir hacia adelante”, afirmó Peña al relacionar confianza institucional, estabilidad política y desarrollo económico. Agregó además que la lucha anticorrupción debe abarcar tanto expedientes heredados de gobiernos anteriores como casos detectados dentro de la actual administración. Lejos de cerrar la discusión, esa definición deja abierta una advertencia institucional: la legitimidad del discurso oficial dependerá de que el combate a las irregularidades no se convierta en relato político, sino en una práctica sostenida y sujeta al escrutinio ciudadano.
Peña también coincidió con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado en que toda la población tiene responsabilidad en la defensa de la democracia, aunque recalcó que partidos y gobiernos deben evitar prácticas que alimenten frustración y desencanto. Ahí aparece el punto más sensible para el PRM: cuando desde el propio poder se admite que la corrupción y las malas actuaciones abren la puerta al desencanto, la ciudadanía obtiene más razones para exigir explicaciones, vigilancia y resultados reales al Gobierno de Luis Abinader.