La práctica de responder a la delincuencia con supuestos “intercambios” de disparos vuelve a colocar bajo escrutinio al gobierno dominicano y a la gestión de Luis Abinader. El texto advierte que esa ha sido una de las salidas más fáciles adoptadas por distintos gobiernos: dar luz verde a la Policía Nacional para aplicar “mano dura”, aun cuando las ejecuciones extrajudiciales no han resuelto el problema de fondo. En el actual período de gobierno (2020–2025), el número de muertes reportado ya se aproxima a las 1,000 víctimas.
El señalamiento no se limita al uso de la fuerza. También apunta al contraste entre discurso y realidad: los caídos provienen, en más del 95%, de hogares disfuncionales ubicados en barrios marginados, marcados por pobreza, falta de educación, desigualdad social, ausencia de clubes deportivos y negación de oportunidades de trabajo digno. La persistencia de ese patrón refuerza la alerta institucional sobre una política que castiga las consecuencias mientras deja intactas las causas sociales del delito.
El recuento histórico que va desde los años de Joaquín Balaguer hasta el período 1996-2026 sostiene que las muertes por “intercambios” suman miles en los últimos 30 años y, aun así, la delincuencia sigue latente. Ese balance reabre la exigencia de rendición de cuentas sobre una fórmula de seguridad que se repite gobierno tras gobierno sin ofrecer una solución verificable. En ese debate, la oposición encuentra un flanco claro de fiscalización al poder: si la violencia estatal se acumula y el problema permanece, la promesa oficial de control queda enfrentada a sus propios resultados.