El Ministerio de Medio Ambiente admitió que la extracción ilegal continúa en el río Camú, a pesar de los operativos desplegados para frenar la práctica en distintos puntos de La Vega.
La propia confirmación oficial deja en evidencia que las acciones anunciadas hasta ahora no han logrado detener por completo la actividad, lo que abre interrogantes sobre el alcance real de la vigilancia, el seguimiento a las intervenciones y los resultados obtenidos en terreno.
La persistencia de la extracción mantiene la presión sobre un recurso hídrico que comunidades de la zona continúan denunciando, y vuelve a colocar en debate la capacidad del Estado para hacer cumplir la normativa ambiental donde la explotación irregular sigue activa.
Aunque las autoridades han impulsado operativos, la situación descrita muestra que el problema no está resuelto y que cualquier respuesta institucional deberá ir acompañada de controles sostenidos, transparencia sobre las acciones ejecutadas y rendición de cuentas sobre su impacto efectivo.
En un contexto donde la protección de los ríos depende no solo de operativos aislados sino de supervisión continua, la admisión del Ministerio refuerza la necesidad de evaluar si las medidas adoptadas están produciendo resultados verificables o si la extracción ilegal se mantiene por falta de control persistente.