El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, admitió este lunes que la Ley 30-26, aprobada por el Congreso como paquete de medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, no resuelve el problema estructural de las finanzas públicas dominicanas. Aunque defendió la iniciativa como una salida viable para la coyuntura actual, reconoció que el país sigue a la espera de un pacto fiscal de mayor alcance.
Durante una conversación con Despierta con CDN, Díaz explicó que la ley busca combinar nuevos ingresos, alivios para sectores productivos y corrección de distorsiones tributarias acumuladas durante décadas. El Gobierno había proyectado una captación adicional de entre RD$40,000 y RD$50,000 millones, dentro de una estrategia de consolidación fiscal, combate a la evasión, simplificación y estímulos a la inversión. Sin embargo, el propio funcionario marcó el límite de la pieza al aceptar que no resuelve el fondo del desequilibrio fiscal.
El ministro sostuvo que la Ley 30-26 no debe verse ni como una reforma fiscal integral ni como un simple parche, y detalló que incluye cambios al Código Tributario, formalización de acuerdos de pago, regulación de descuentos por pronto pago y actualización de definiciones. También indicó que la entrada en vigencia será escalonada: la derogación del impuesto de 1 % a la constitución de compañías será inmediata, pero la eliminación del 2 % a las hipotecas tomará dos años y el gravamen selectivo a los seguros de vida será desmontado en tres. Otras disposiciones comenzarán a regir desde enero de 2027, entre ellas la ampliación del régimen simplificado de tributación, la eliminación de anticipos para determinados contribuyentes y la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta.