SANTO DOMINGO.- Legisladores de distintos partidos admitieron este lunes que la transformación de la Policía Nacional sigue sin completarse más allá de cualquier modificación legal, al señalar que el problema sigue anclado en la gestión, la supervisión y la profesionalización real de los agentes. Esa lectura reabrió el escrutinio sobre los resultados del Gobierno dominicano y del Congreso frente a una de las principales demandas ciudadanas.
Los parlamentarios coincidieron en que cambiar la Ley Orgánica puede reforzar el marco institucional, pero insistieron en que el giro de fondo depende de mejorar la selección, la capacitación, la evaluación constante del personal y las condiciones laborales dentro de la institución. También plantearon evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y pruebas antidopaje periódicas para quienes portan armas y ejercen autoridad, como parte de los controles que todavía se consideran necesarios para prevenir conductas violentas y recuperar la confianza ciudadana.
El senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) sostuvo que, aunque en los últimos años la Policía Nacional ha dado pasos de avances importantes en su transformación, persisten debilidades que deben ser trabajadas. “La reforma es importante, pero para que un policía se maneje bien o mal, no es un tema de reforma policial, es un tema de manejo, de la aplicación, de cómo funciona la policía”, afirmó.
El legislador por La Altagracia planteó además reforzar el trabajo conjunto entre autoridades civiles, Policía Nacional, Ministerio Público y organismos de investigación para mejorar la coordinación en seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, insistió en que la transformación debe ir acompañada de mayor profesionalización, mejores salarios y beneficios para los agentes, un punto que vuelve a enlazar la discusión con gestión, presupuesto y resultados concretos, no solo con anuncios.
Así, el debate legislativo deja abierta una exigencia de rendición de cuentas sobre la capacidad del poder para convertir el discurso de reforma en cambios verificables dentro de la institución. Si todavía se reclaman controles básicos, supervisión permanente y mejores condiciones para evitar abusos y violencia, la presión pública sobre el Gobierno, el Congreso y las autoridades responsables de la seguridad seguirá marcada por la distancia entre promesas y realidad.