La salida anunciada por la administración para hacer frente a la crisis vuelve a dejar sobre la mesa una inquietud ya conocida: quién acabará pagando la factura. El paquete contempla medidas para facilitar operaciones de pequeñas empresas y fortalecer la recaudación fiscal, pero la discusión de fondo sigue intacta: si es una respuesta de fondo o un conjunto de acciones transitorias que, como ha ocurrido antes, terminan cargando costos sobre la población.
El antecedente que pesa sobre cualquier ajuste es bien conocido. Cada vez que se anuncian iniciativas para robustecer las finanzas públicas o resguardar la estabilidad económica, los consumidores dominicanos corren el riesgo de enfrentar precios más altos, nuevas cargas tributarias o aumentos en tarifas de servicios esenciales. Por eso, las decisiones del Gobierno no pueden valorarse solo por su propósito declarado, sino por el efecto real que puedan tener sobre los hogares.
A esa advertencia se suma un problema de gestión que distintos sectores han venido señalando desde hace años: debilidades en la administración tributaria, altos niveles de evasión y elusión fiscal, y otras fallas que aún no se corrigen de raíz. En ese escenario, el debate no es únicamente técnico. También exige rendición de cuentas sobre si la respuesta oficial corrige las deficiencias del sistema o vuelve a trasladar el peso de la crisis a los ciudadanos.