La gran alerta no se limita al presupuesto del Ministerio de Cultura ni a la programación anual de actividades. El foco está también en la falta de un gran diálogo nacional sobre la política cultural que la República Dominicana necesita para las próximas décadas. Esa observación reabre una línea de fiscalización sobre la gestión pública: si ese proceso de concertación ya existe, sus resultados deben ser conocidos por el país; si no, queda en evidencia la distancia entre el discurso institucional y la construcción efectiva de una política de Estado.
El planteamiento insiste en que la cultura no puede quedar definida solo desde los despachos públicos y que el Ministerio de Cultura no debería asumir esa tarea por sí solo. A partir de ahí, se formula una exigencia directa de rendición de cuentas al gobierno dominicano: convocar, escuchar y articular consensos con la comunidad artística, las universidades, las academias, el sector empresarial, los gobiernos locales y la sociedad civil, en vez de reducir la gestión a administrar instituciones.
También se advierte sobre el desgaste de un modelo incapaz de convertir la gestión en acuerdos duraderos. Gobernar la cultura, según se plantea, supone transformar ese diálogo en políticas públicas que sobrevivan a los periodos gubernamentales. La discusión, además, ya no puede limitarse al territorio insular, en un escenario en que la República Dominicana del siglo XXI desborda sus fronteras geográficas, lo que aumenta la presión para que las autoridades expliquen qué resultados concretos han producido y con qué nivel de participación ciudadana.