El proselitismo fuera de tiempo sigue dejando al descubierto una falla de control institucional: la Junta Central Electoral ha lanzado advertencias e intimaciones, pero esas medidas no han conseguido frenar las violaciones a la ley. La situación se ha mantenido activa desde que terminó el pasado ciclo electoral y el presidente Luis Abinader anunció que no impulsaría una reforma constitucional para optar por un tercer mandato.
Si bien la ley 33-18 dispone que la precampaña electoral y las actividades proselitistas comienzan el primer domingo de julio del próximo año, dirigentes del oficialismo y la oposición han ocupado el espacio público con acciones adelantadas. La propia JCE, con sus actuaciones, ha admitido que las normas vigentes están siendo rebasadas sin que, por ahora, las advertencias tengan efectos concretos.
Entre los casos observados por el órgano electoral figura el del Partido Revolucionario Moderno (PRM), intimado en agosto del año pasado por actos y declaraciones proselitistas antes del plazo permitido. La JCE llegó a describir como un “hecho manifiestamente notorio” que varios miembros del partido oficialista realizaron pronunciamientos públicos de carácter proselitista de forma anticipada, divulgados en medios de comunicación y redes sociales, un contraste que refuerza las exigencias de vigilancia y rendición de cuentas sobre el respeto a las reglas electorales.