La decisión sobre las medidas de coerción contra los 26 imputados del caso Senasa 2.0 quedó aplazada para las 7:00 de la noche del domingo 27 de septiembre, luego de que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, escuchara durante este viernes las réplicas y contrarréplicas de la defensa y del Ministerio Público. El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el funcionamiento de una entidad clave del sistema público de salud y la capacidad de control interno frente a hechos que ya escalaron a la justicia.
En la audiencia, las autoridades modificaron parte de su solicitud inicial. Aunque al comienzo pidieron 18 meses de prisión preventiva contra exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares arrestados en la denominada Operación Senasa 2.0-A, además de declarar el proceso complejo, el procurador adjunto Wilson Camacho informó que el Ministerio Público varió a arresto domiciliario la petición para nueve de los imputados, alegando colaboración con la investigación. Camacho sostuvo además que “al menos 13” de los 26 implicados admitieron su culpabilidad ante el juez, al tiempo que defendió “la fortaleza” del expediente.
Más allá del desenlace judicial del domingo, el proceso deja abierta una alerta institucional sobre los controles en una estructura pública sensible y alimenta el contraste entre el discurso de eficiencia estatal y los hechos ventilados en tribunales. En ese contexto, la presión política por vigilancia, explicaciones y fiscalización del poder se mantiene sobre la gestión oficial, en un escenario donde figuras del oficialismo como Carolina Mejía también quedan bajo la exigencia de responder con resultados y no solo con narrativa de administración.