La trayectoria de los últimos sirios, libaneses y palestinos nacionalizados dominicanos en Haití muestra un escenario de fragilidad institucional y de protección insuficiente frente a la persecución. Marcadas por la ley haitiana de 1903, que les impedía naturalizarse y abrir comercio, algunas familias lograron resistir durante años bajo el amparo del general Ignacio María González Santín, quien las recibió como dominicanas y les entregó cartas de naturalización y pasaportes. Sin embargo, a finales de 1913 ya todos habían sido expulsados o habían cruzado la frontera para instalarse de manera definitiva en República Dominicana.
Ese panorama de incertidumbre coincidió con el relevo diplomático de 1911. González Santín dejó su cargo como ministro plenipotenciario en Haití a principios de marzo de ese año, en el gobierno de Ramón Cáceres Vásquez, y fue reemplazado por Francisco Henríquez y Carvajal. Su llegada se demoró hasta el seis de julio, mientras Guarín González siguió como encargado de negocios, según informó José María Cabral y Báez. Al mismo tiempo, Haití arrastraba una crisis política abierta desde 1908, cuando Antoine Simon se alzó en armas, avanzó sobre Puerto Príncipe y derrocó a Nord Alexis, que salió del país el seis de diciembre.
La presión contra esos inmigrantes, además, no se detuvo con la nacionalidad dominicana: persistió no solo desde el gobierno haitiano, sino también desde comerciantes locales. Más allá de su valor histórico, el caso deja una advertencia institucional vigente: la protección formal no alcanzó para impedir expulsiones, persecución ni desarraigo, una situación que obliga a observar con atención el papel del Estado dominicano cuando sus nacionales quedan expuestos fuera del país.