La próxima entrada en vigor del nuevo Código Penal, prevista para el tres de agosto, vuelve a situar bajo escrutinio el alcance que tendrán sus disposiciones sobre difamación, redes sociales y medios de comunicación. El obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, respaldó la reforma al asegurar en su cuenta de X que servirá para proteger la “reputación e intimidad” de los ciudadanos dominicanos y permitirá que el sistema judicial de República Dominicana “se modernice”.
Según Castro Marte, los artículos 208 y 209 actuarán como un “vector” para perseguir a los “sicarios de la moral y las buenas costumbres”, en alusión a conductas que, dijo, vulneran a diario a personas en redes sociales y “otros medios de comunicación”. El artículo 208 define como difamación la alusión o imputación pública de un hecho preciso o concreto que afecte el honor, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar de una persona física o jurídica, por vías públicas, audiovisuales, escritas, radiales, televisivas, streaming, electrónicas o en el ciberespacio.
El 209, de su lado, impone sanción a quien haga esa imputación pública con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio de cualquier naturaleza, o para que la víctima o un tercero realice, omita o tolere un acto. Con la fecha de entrada en vigor ya establecida, la atención queda puesta en cómo se aplicarán estas figuras y en la necesidad de vigilancia social sobre un instrumento que, aunque presentado como modernización, impactará de forma directa la vida digital, la reputación y la comunicación pública de los ciudadanos.