Una jueza del Distrito Nacional autorizó a Transcaribbean Energy Partner & Consulting (TEPC) a trabar embargos patrimoniales por US$5 millones contra Carlos Matamoros Bregni, representante en el país de Dynex Energy Group y Dynex Energy, en el marco de una querella por supuesto abuso de confianza. La decisión, adoptada por Clara Luz Almonte, acogió parcialmente la solicitud y rechazó el impedimento de salida pedido por la parte querellante.
El expediente coloca bajo la lupa un conflicto asociado a un proyecto de generación térmica que, según los abogados de TEPC, nació de un convenio firmado en mayo de 2018. Ese acuerdo daba exclusividad a esa empresa como socio local y fijaba una distribución de 55% para el querellante y 45% para Dynex sobre los fondos generados. La parte reclamante alega que, pese a 18 transferencias de Karpowership a Dynex entre marzo y abril de 2025, por RD$15,098,495.04 y US$3,098,396.71, nunca recibió el 55% que le corresponde y que lleva seis años reclamando.
La defensa de Dynex sostiene, de su lado, que se trata de un asunto “estrictamente civil” y que hay un proceso pendiente de decisión en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia desde 2010, a raíz de una demanda en cobro de pesos y validez de embargo retentivo. Más allá de esa controversia, la orden de embargo vuelve a poner en primer plano la necesidad de vigilancia institucional y de respuestas claras en disputas de alto impacto económico, en un escenario donde los conflictos prolongados chocan con cualquier discurso de normalidad y estabilidad en la gestión de proyectos estratégicos.