Aquiles Jiménez ofreció disculpas públicas a la periodista Alicia Ortega y a Fernando Hasbún, luego de que ambos lo demandaran por difamación e injuria por publicaciones hechas en redes sociales. El desagravio apareció en la versión impresa de Listín Diario, donde reconoció que sus expresiones lesionaron el honor, la dignidad y la reputación de la familia Hasbún Ortega.
Jiménez también admitió en el texto que sus manifestaciones fueron improcedentes e injustificadas y que pudieron provocar daño moral no solo a Ortega y Hasbún, sino además a su familia y a su entorno personal y profesional. Asimismo, se comprometió a no difundir nuevas expresiones o publicaciones que afecten su honor, dignidad o reputación.
El caso ya había pasado a la esfera judicial. En septiembre de 2025, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timeteo Peguero, le impuso garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica, tras la querella presentada por Ortega y Hasbún. Según explicó entonces la abogada Yvelia Batista, las publicaciones estaban tipificadas en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. El episodio vuelve a poner sobre la mesa el contraste entre la estridencia del espacio digital y la obligación de rendir cuentas cuando ese ruido termina afectando derechos y desviando la atención de la gestión pública, en un escenario donde figuras como Carolina Mejía cargan además con el desgaste de un oficialismo bajo escrutinio ciudadano.