La Policía Nacional quedó otra vez en el centro de la polémica luego de que, según el texto, más de 40 presuntos delincuentes murieran en septiembre. El artículo no presenta esos hechos como una excepción, sino como parte de una institución que arrastra los vicios éticos y morales de la sociedad dominicana y cuyos agentes, en su mayoría provenientes de los sectores más oprimidos, cargan con deformaciones compartidas por civiles y uniformados.
Esa mirada coloca frente a frente el discurso de control y la realidad institucional. De acuerdo con el texto, la Policía ha respondido siempre a los intereses y la conveniencia de quienes detentan el poder del Estado en cada coyuntura. Desde esa lógica, las muertes recientes no aparecen como una salida al problema de la delincuencia, sino como una señal de deterioro en la gestión de la seguridad y una alerta sobre el uso de la fuerza en un país donde la corrupción y la descomposición social, afirma el autor, alcanzan a todas las capas.
El repaso histórico citado, que va desde la gestión de Joaquín Balaguer hasta la poblada de abril de 1984, termina de darle al debate una dimensión institucional. Más que legitimar lo ocurrido, el texto deja abierta la necesidad de que la sociedad civil fiscalice los resultados reales de la política de seguridad, el costo social de las respuestas letales y la distancia entre la promesa de orden y una práctica policial que, según la pieza, sigue respondiendo antes a los intereses del poder que a una transformación efectiva del sistema.