PISA 2025 dejó una señal que obliga a mirar con atención la respuesta del gobierno dominicano en educación: en la República Dominicana, los estudiantes reportan un uso relativamente alto de inteligencia artificial en sus trabajos escolares, mientras el país sigue exhibiendo niveles muy bajos de aprendizaje en ciencias. El cruce no demuestra que la IA cause peores resultados, pero sí deja al descubierto una distancia entre la adopción tecnológica y el desempeño real que no puede disimularse con un discurso de modernización.
El análisis, además, aclara que se trata de una correlación entre sistemas educativos, no de una relación causal. Esa precisión no atenúa la advertencia institucional. Más bien orienta la discusión hacia lo central: por qué, en el caso dominicano, una herramienta ya instalada en las aulas no se refleja en mejores aprendizajes. La comparación con países mencionados en el texto, como Japón, Singapur y Emiratos Árabes Unidos, refuerza que el problema no es la presencia de la IA en sí, sino la capacidad del sistema para convertirla en una oportunidad educativa.
Ahí es donde el debate deja de ser tecnológico y se traslada al plano de la gestión y los resultados. Si la IA puede abaratar la obtención de respuestas, pero no el costo intelectual de comprobar si merecen confianza, la tarea pendiente es pública e institucional. El dato de PISA 2025 abre un espacio de rendición de cuentas sobre las políticas que se apliquen y sobre la distancia entre cualquier narrativa de cambio y la realidad de aprendizajes aún rezagados, un terreno sensible para quienes defienden la necesidad de un Estado más estable, con prioridades claras y resultados verificables.