El Poder Ejecutivo sometió este martes al Senado un proyecto de ley para crear la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (Digiteg), una entidad autónoma y descentralizada que sustituiría a la actual Digeig. La iniciativa reabre la discusión sobre la eficacia del esquema vigente al proponer una nueva institución con independencia administrativa, financiera y funcional, además de atribuciones más amplias para investigar denuncias, imponer sanciones administrativas e inhabilitar a funcionarios por hasta cinco años.
Entregada por la directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, la propuesta plantea reforzar la transparencia, la prevención de la corrupción y el acceso a la información pública. Asimismo, amplía sus competencias a la protección de datos personales y a la protección de denunciantes, informantes y testigos. De acuerdo con el texto, la Digiteg sería la autoridad rectora del Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública y podría actuar a partir de denuncias de ciudadanos, reportes de las Comisiones de Integridad Gubernamental o de oficio.
El proyecto establece además un régimen de sanciones para servidores públicos: amonestaciones y suspensiones de hasta 30 días para faltas leves; suspensiones de hasta 60 días y multas de hasta 15 salarios mínimos del sector público para faltas graves; y, para faltas muy graves, multas de hasta 30 salarios mínimos, destitución e inhabilitación temporal. Si detecta indicios penales, la nueva entidad deberá remitirlos al Ministerio Público. La propuesta llega al Congreso con un alcance mayor que el de la estructura actual, lo que deja bajo mayor escrutinio la capacidad real del Estado para convertir el discurso de integridad en controles efectivos y sanciones concretas.