internacional

Gobierno de Trinidad y Tobago libera a pareja señalada en complot contra la primera ministra y abre preguntas sobre la detención preventiva

julio 24, 2026 · Redactor
Gobierno de Trinidad y Tobago libera a pareja señalada en complot contra la primera ministra y abre preguntas sobre la detención preventiva
Foto: elnuevodiario.com.do

La excarcelación, en pleno Estado de Emergencia, reaviva el contraste entre la gravedad de la acusación y la respuesta oficial mientras la investigación sigue abierta

PUERTO ESPAÑA.- El gobierno de Trinidad y Tobago ordenó este jueves la excarcelación del empresario Dominic Hadeed, de 52 años, y de su esposa, Genevieve Hadeed, de 42, después de que la pareja pasara un mes bajo detención preventiva por un presunto complot para asesinar a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar. La decisión coloca bajo escrutinio el manejo oficial de un caso presentado con máxima gravedad y que ahora termina, por el momento, con la revocatoria de esa medida.

Trinidad y Tobago mantiene activado desde hace un año el Estado de Emergencia por los asesinatos registrados en la isla. En ese contexto, los Hadeed habían sido arrestados el 24 de junio por orden de un tribunal superior y fueron señalados de participar en una supuesta conspiración para asesinar a la primera ministra, al fiscal general John Jeremie y a otros altos funcionarios del gobierno. Los documentos de la detención alegaban explícitamente que Genevieve Hadeed había hecho declaraciones pidiendo el asesinato de la primera ministra.

El ministro de Seguridad Nacional, Roger Alexander, anunció la excarcelación y justificó la medida al afirmar que «la detención continua en esas circunstancias sería desproporcionada». También sostuvo: «Estoy obligado a equilibrar el derecho a la libertad del detenido y la protección de la ley con la necesidad de preservar y proteger la seguridad pública durante un Estado de Emergencia». Aunque Alexander subrayó que la investigación penal sigue activa, la liberación de la pareja deja abierto el contraste entre el discurso de seguridad del poder y el resultado observable de un expediente que ahora exige mayor vigilancia institucional y explicaciones públicas.