SANTIAGO DE CHILE. – El Gobierno de José Antonio Kast comunicó que está revisando las pensiones de gracia entregadas por administraciones anteriores a víctimas de la represión policial durante las protestas de 2019, una decisión que se hizo pública solo después del arresto de un joven por un presunto delito de tráfico de drogas que hasta enero recibía ese beneficio estatal.
Máximo Pavez, subsecretario del Interior, señaló que el análisis se inició en marzo, al comenzar el mandato, y lo definió como una «mínima responsabilidad» respecto de los recursos otorgados por gracia presidencial. Con todo, el caso que impulsó la divulgación de la revisión deja abiertas preguntas sobre los criterios de control, la transparencia del procedimiento y las razones por las que al joven le fue retirada la pensión, algo que, según el propio Gobierno, todavía se desconoce.
Según la prensa local, el joven había sido herido de bala durante una manifestación en 2019 en Ovalle, lesión que le provocó una fractura en el pubis. A raíz de ese hecho, un capitán de Carabineros fue condenado en 2022 a seis años de prisión por homicidio frustrado. La revisión, además, se da en medio de la línea política de Kast, quien ha calificado las protestas como «estallido delictual» y ha admitido que estudia indultar a militares y policías condenados por la represión, un contraste que vuelve a centrar la atención sobre las prioridades oficiales frente a las secuelas del estallido social.