La forma en que se distribuye el gasto en salud mental vuelve a poner en evidencia la distancia entre lo que el Estado asegura y lo que realmente cumple. Pese a que la Ley No. 12-06 reconoce el derecho a una atención digna y de calidad, el diseño presupuestario descrito en el texto impide materializarlo y deja a los ciudadanos atrapados entre normas que les conceden derechos y una estructura pública que no ofrece una salida efectiva.
La contradicción central apuntada es que, por años, esa área apenas ha recibido alrededor del 0,7 % del presupuesto general de salud, aun cuando las autoridades hablan de aumentos y la Organización Mundial de la Salud recomienda un 5 %. La diferencia se hace más evidente si se toma en cuenta que, según los propios planes estratégicos del Estado, cerca del 20 % de la población dominicana padece algún trastorno mental. En la práctica, el problema queda admitido en el discurso oficial, pero sin el financiamiento necesario para enfrentarlo.
El resultado, según la pieza original, es un sistema en el que la atención psicológica y psiquiátrica existe como derecho formal, aunque para quien necesita ayuda se convierte en un laberinto burocrático, legal y económico. Más que una discusión técnica sobre partidas, el texto lanza una alerta institucional: cuando el presupuesto no acompaña la ley, la política pública termina trasladando a los pacientes y sus familias el costo de esa incoherencia.