La conversión del antiguo Hospital Psiquiátrico “el 28” en el actual Centro de Rehabilitación Psicosocial vuelve a someter a examen una reforma que su propio promotor describe como “trascendental e irreversible”. En un texto impulsado por las objeciones de psiquiatras, el autor reivindica haber encabezado el cambio y afirma que el viejo esquema de institucionalización crónica suponía una violación sistemática de la dignidad de los pacientes y una ineficiencia estructural para el sistema de salud.
El planteamiento contrapone el discurso de modernización con una realidad que, según el propio texto, sigue marcada por la inquietud ante la capacidad limitada de respuesta del sistema. El autor diferencia entre las camas de internamiento para episodios agudos, que atribuye a las Unidades de Intervención en Crisis en hospitales generales, y el hacinamiento que durante décadas definió al “28”. Esa admisión refuerza la necesidad de fiscalizar cómo se asegura hoy la atención, la reinserción y la autonomía prometidas por el nuevo paradigma.
La imagen de “figuras humanas emaciadas y desnudas” en pabellones inhóspitos funciona como recordatorio del fracaso del modelo anterior, pero también como advertencia institucional: una transformación presentada como acorde con los derechos humanos y los consensos internacionales no puede quedarse solo en la narrativa del cambio. El debate abierto entre especialistas subraya que la política pública en salud mental exige seguimiento, rendición de cuentas y control desde las instancias competentes, incluido el Congreso, para evitar que la brecha entre la promesa reformista y la respuesta efectiva vuelva a recaer sobre los pacientes.