La República Dominicana fue señalada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) dentro del grupo de economías cuestionadas por presuntas deficiencias para prevenir el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro, en una investigación que podría traducirse en nuevos aranceles. El procedimiento, ejecutado al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, determinó que 60 economías no han aplicado medidas suficientes para evitar que al comercio internacional ingresen productos elaborados bajo esas condiciones.
A raíz de ello, Washington planteó aranceles adicionales de entre 10 % y 12.5 % para importaciones procedentes de esos mercados. Si bien la medida no activa sanciones automáticas, sí coloca a República Dominicana bajo un mayor escrutinio comercial en un momento en que Estados Unidos endurece su política con criterios vinculados a derechos laborales, seguridad económica y trazabilidad, lo que vuelve a abrir la discusión sobre la capacidad de vigilancia y respuesta frente a riesgos que podrían afectar sectores clave.
La advertencia, además, llega en un país con una elevada dependencia del mercado estadounidense. En 2025, las exportaciones hacia Estados Unidos sumaron US$7,124 millones, un 48.6 % del total nacional, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Entre los sectores que podrían verse más expuestos están las zonas francas, los dispositivos médicos, las manufacturas eléctricas, los textiles y el tabaco manufacturado, con un posible impacto económico y laboral si la situación se agrava.