La citación judicial del Gobierno de Estados Unidos a cuatro periodistas de The New York Times por una filtración relacionada con el nuevo Air Force One reactivó el escrutinio sobre la relación entre poder, transparencia y libertad de prensa. La medida, cuestionada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se produjo después de que el diario divulgara supuestas preocupaciones del Servicio Secreto sobre la seguridad del avión presidencial donado por Catar y reacondicionado para los viajes oficiales de Donald Trump.
De acuerdo con el reportaje, la aeronave no reunía los estándares de seguridad del anterior avión presidencial. En vez de disipar públicamente las dudas sobre un asunto de claro interés ciudadano, el Gobierno estadounidense optó por citar a los periodistas para investigar el origen de la filtración, una decisión que la SIP describió como una alerta institucional.
Pierre Manigault, presidente de la SIP, advirtió que involucrar de forma directa a periodistas en procesos judiciales puede perjudicar el ejercicio periodístico y restringir investigaciones sobre asuntos de interés público. La organización añadió que este tipo de acciones puede generar un efecto intimidatorio sobre los profesionales de la comunicación y entorpecer la circulación de información relevante para la ciudadanía.
Al tiempo que el Departamento de Estado intenta identificar a quienes entregaron la información, The New York Times adelantó que apelará la orden judicial al considerar que su trabajo abordó un tema de interés público. Para la SIP, aunque las autoridades sostengan que los periodistas no son el objetivo de la investigación, la presión judicial sobre la prensa abre un precedente delicado: cuando el poder responde con citaciones en lugar de explicaciones, el debate deja de girar solo en torno a una filtración y pasa a centrarse en controles, vigilancia y rendición de cuentas.