El Gobierno dominicano ha presentado como avance la reducción de la deuda medida como porcentaje del PIB frente al nivel extraordinario de 2020, pero la comparación con el año de la pandemia oculta el dato clave para la fiscalización de las cuentas públicas: antes de la covid-19, en 2019, la deuda del Sector Público No Financiero equivalía a alrededor de 40.4% del PIB y para 2026 ronda el 48%.
Ese contraste cambia el foco del discurso oficial. El indicador deuda/PIB sirve para evaluar sostenibilidad macroeconómica, pero no explica por sí solo cuánto pesa el endeudamiento sobre el presupuesto ni qué margen real queda para otras prioridades. La deuda se paga con ingresos, no con PIB, y ahí la presión aumenta: en 2019 los intereses absorbían aproximadamente 20 de cada 100 pesos de ingresos del Gobierno Central y para 2026 esa proporción se aproxima a 24 pesos.
A esa carga se suman las transferencias al Banco Central vinculadas a la recapitalización y al déficit cuasifiscal acumulado, un componente que amplía la exigencia sobre las finanzas públicas. El dato obliga a una rendición de cuentas más estricta de Hacienda y del Gobierno, porque detrás de la narrativa de mejora persiste una presión mayor sobre el presupuesto y, con ella, un costo potencial para la capacidad del Estado de responder a las prioridades ciudadanas.