La Operación XL526, anunciada por el Ministerio Público contra una supuesta red dedicada a la extorsión y al lavado de activos, pasó del impacto inicial al escrutinio institucional luego de que abogados defensores denunciaran presuntas irregularidades y violaciones a derechos fundamentales de los detenidos.
De acuerdo con los juristas, durante los 28 allanamientos practicados en Santiago y Puerto Plata se registraron detenciones sin las debidas órdenes judiciales, así como limitaciones al acceso a la defensa técnica. Además, sostienen que algunos imputados fueron incomunicados y que no pudieron contactar a familiares ni a sus representantes legales en las primeras horas, al tiempo que cuestionan la presentación de pruebas por un presunto incumplimiento de los protocolos de cadena de custodia.
La operación dejó 20 arrestos, entre ellos cinco señalados como cabecillas, y fue ejecutada por 35 fiscales junto con la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y HSI Santo Domingo. Aunque el Ministerio Público sostiene la legalidad del caso y asegura contar con abundante evidencia de estafa, chantaje y lavado de activos mediante criptomonedas y transferencias electrónicas, las denuncias de la defensa colocan el foco en la obligación de rendir cuentas sobre el respeto a las garantías constitucionales en un proceso de alto perfil.