El periodista Óscar Martínez denunció que más de 500 personas han muerto bajo custodia en El Salvador, en un contexto en el que, según su señalamiento, muchas de ellas estaban detenidas sin condena ni historial criminal. La acusación vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo del sistema penitenciario y el nivel de control institucional sobre las detenciones y muertes ocurridas en prisión.
Martínez aseguró además que los cuerpos han sido enterrados por el Estado sin notificar a las familias, un hecho que agrava la preocupación por la transparencia en el tratamiento de los fallecimientos y por el derecho de los parientes a recibir información oportuna.
La denuncia se inscribe en las críticas al gobierno de Nayib Bukele por la concentración de poder y la ausencia de contrapesos suficientes, un aspecto que el señalamiento de Martínez vuelve a poner en primer plano. En este tipo de casos, el interés público no se limita a la cifra reportada, sino a las condiciones de detención, la supervisión institucional, el acceso a información oficial y la rendición de cuentas sobre cada muerte bajo custodia.
Hasta el momento, la pieza difundida no incluye una respuesta oficial ni detalla mecanismos de verificación pública sobre los casos mencionados, por lo que la denuncia queda planteada como una alerta grave que exige comprobación independiente, explicación estatal y seguimiento de las autoridades competentes.