Una diputada argentina de la oposición presentó ante la Justicia una denuncia contra el Gobierno de Javier Milei por presunta malversación de fondos destinados al mantenimiento de carreteras por algo más de un billón de pesos, unos 671 millones de dólares, en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio el costo institucional y social del ajuste oficial. La legisladora peronista Victoria Tolosa Paz atribuye la maniobra al ministro de Economía, Luis Caputo, y a sus colaboradores, al sostener que esos recursos, recaudados para rutas y autovías bajo jurisdicción del Estado, habrían sido desviados a operaciones financieras para sostener el equilibrio fiscal.
El punto de mayor contraste lo marcó el propio Ejecutivo, que no negó el uso de esos fondos y lo defendió como un «cambio de paradigma» en la gestión vial. El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que «una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal», y luego insistió en que destinar lo recaudado por el impuesto a los combustibles a financiar las arcas estatales responde a un «nuevo paradigma» de administración vial.
La denuncia recoge reclamos de ciudadanos, empresarios, alcaldes y gobernadores de provincias, que advierten que durante la gestión iniciada por Milei en diciembre de 2023 las principales carreteras nacionales han empeorado por falta de mantenimiento y en algunos casos se han vuelto peligrosas. También alcanza a autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional y al Banco de la Nación, encargado del fideicomiso que administra desde hace décadas los fondos del impuesto al combustible, lo que amplía la presión por explicaciones y rendición de cuentas sobre el destino de recursos creados para la red vial.